En 2008, la polic\u00eda de Allentown detuvo a Ernesto Galarza en su lugar de trabajo y lo encarcel\u00f3 en la prisi\u00f3n del condado de Lehigh. A pesar de ser ciudadano estadounidense nacido en Nueva Jersey, el Servicio de Inmigraci\u00f3n y Control de Aduanas (ICE) emiti\u00f3 una orden de retenci\u00f3n por motivos de inmigraci\u00f3n solicitando que el condado de Lehigh retuviera al Sr. Galarza para su posible deportaci\u00f3n. <\/p>\n
Debido a esa orden de retenci\u00f3n de ICE, el Condado de Lehigh err\u00f3neamente impidi\u00f3 que el Sr. Galarza fuera liberado de su encarcelamiento, incluso despu\u00e9s de pagar la fianza. Durante tres d\u00edas adicionales despu\u00e9s de pagar la fianza, el Sr. Galarza permaneci\u00f3 tras las rejas porque ICE hab\u00eda enviado al Condado de Lehigh una orden de retenci\u00f3n de ICE y el condado la cumpli\u00f3. <\/p>\n
La ACLU de Pensilvania present\u00f3 una demanda federal <\/a>en nombre del Sr. Galarza. Ese litigio no s\u00f3lo dio lugar a una indemnizaci\u00f3n por da\u00f1os para el Sr. Galarza, sino que tambi\u00e9n sent\u00f3 un precedente importante sobre las \u00f3rdenes de retenci\u00f3n del ICE. El Tribunal de Apelaci\u00f3n del Tercer Circuito de EE.UU. sostuvo que las \u00f3rdenes de retenci\u00f3n del ICE no son jur\u00eddicamente obligatorias y que los municipios o condados locales pueden optar por cumplir o no con las solicitudes de retenci\u00f3n del ICE. Esto significa que si los condados deciden cumplir una orden de retenci\u00f3n del ICE, pueden ser considerados legalmente responsables en caso de violaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n. Este fue el caso del Sr. Galarza, en el que no hab\u00eda ninguna base constitucionalmente v\u00e1lida para la orden de retenci\u00f3n. <\/p>\n Es por eso que la ACLU de Pensilvania envi\u00f3 recientemente una carta<\/a> a cada comisionado del condado y el procurador del condado en todo el estado, record\u00e1ndoles que el precedente establecido por el caso Galarza sigue siendo la ley con respecto a las detenciones de ICE.<\/p>\n Para limitar la responsabilidad de los condados, la carta de la ACLU-PA insta a los funcionarios de los condados a aplicar una pol\u00edtica de aceptaci\u00f3n de las \u00f3rdenes de retenci\u00f3n de ICE \u00fanicamente si van acompa\u00f1adas de una orden judicial v\u00e1lida respaldada por una causa probable, como exige la Cuarta Enmienda. Las \u00f3rdenes de retenci\u00f3n de ICE no son revisadas por jueces o autoridades neutrales. Debido a la falta de protecciones b\u00e1sicas de la Cuarta Enmienda en el contexto de las \u00f3rdenes de retenci\u00f3n de ICE, las localidades que optan por aceptar las \u00f3rdenes de retenci\u00f3n de ICE se exponen a la responsabilidad si cumplen con las \u00f3rdenes de retenci\u00f3n de ICE. <\/p>\n Como se\u00f1ala la carta de la ACLU-PA, ICE emite con frecuencia \u00f3rdenes de detenci\u00f3n basadas en informaci\u00f3n err\u00f3nea procedente de bases de datos poco fiables. Un precedente antiguo del Tribunal Supremo de EE.UU. exige que las bases de datos utilizadas por las fuerzas del orden sean fiables para cumplir la prohibici\u00f3n de registro e incautaci\u00f3n injustificados establecida en la Cuarta Enmienda. Sin embargo, un tribunal federal ha descrito las bases de datos de ICE como \"inexactas, incompletas y llenas de errores\". Por lo tanto, los condados que deciden aceptar las \u00f3rdenes de retenci\u00f3n corren un importante riesgo de responsabilidad. <\/p>\n M\u00e1s all\u00e1 del riesgo de responsabilidad en funci\u00f3n de la legislaci\u00f3n federal, como se\u00f1ala la carta, es muy probable que las \u00f3rdenes de retenci\u00f3n de inmigrantes sean ilegales en el marco de la legislaci\u00f3n del estado de Pensilvania. Aunque hasta la fecha ning\u00fan tribunal de Pensilvania se ha pronunciado sobre la legalidad de las \u00f3rdenes de retenci\u00f3n del ICE, el Tribunal Supremo de Massachusetts sostuvo que cuando la polic\u00eda estatal o local cumple una orden de retenci\u00f3n del ICE, est\u00e1 realizando un nuevo arresto de la persona detenida. Sin embargo, dado que las infracciones en materia de inmigraci\u00f3n son civiles y no penales, la polic\u00eda y las c\u00e1rceles no tienen autoridad ni mecanismos para justificar la detenci\u00f3n \u00fanicamente por infracciones en materia de inmigraci\u00f3n. Los tribunales de otros estados han llegado a conclusiones similares.<\/p>\n La conclusi\u00f3n es que la aplicaci\u00f3n de las leyes de inmigraci\u00f3n es tarea del gobierno federal y las localidades no tienen por qu\u00e9 implicarse. Cuando las localidades deciden hacerlo -respetando las \u00f3rdenes de retenci\u00f3n de ICE o destinando recursos a la aplicaci\u00f3n de la ley federal de inmigraci\u00f3n- no s\u00f3lo se exponen a la posibilidad de gastar cientos de miles (o m\u00e1s) de d\u00f3lares de los contribuyentes debido a impugnaciones legales, sino que tambi\u00e9n hacen que las comunidades sean menos seguras y est\u00e9n m\u00e1s divididas. <\/p>\n Por ello, los funcionarios del condado deben adoptar pol\u00edticas claras que exijan mandatos judiciales. Estas pol\u00edticas, que a menudo forman parte de una \"Pol\u00edtica de Acogida\" m\u00e1s amplia, son fundamentales. Para garantizar que las pol\u00edticas sean lo m\u00e1s adecuadas posible, los funcionarios del condado deben trabajar con las organizaciones locales que sirven a las comunidades de inmigrantes para elaborar pol\u00edticas que tengan sentido para sus comunidades. Cuando las localidades tienen pol\u00edticas claras que limitan la participaci\u00f3n en la aplicaci\u00f3n de las leyes federales de inmigraci\u00f3n y, en su lugar, centran sus limitados recursos en responsabilidades que les competen directamente, no s\u00f3lo crean una comunidad m\u00e1s acogedora e integradora para todos sus residentes, sino que garantizan mejor el respeto de los derechos constitucionales de las personas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En 2008, la polic\u00eda de Allentown detuvo a Ernesto Galarza en su lugar de trabajo y lo encarcel\u00f3 en la prisi\u00f3n del condado de Lehigh. 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Ese litigio no s\u00f3lo dio lugar a una indemnizaci\u00f3n por da\u00f1os para el Sr. Galarza, sino que tambi\u00e9n sent\u00f3 un precedente importante sobre las \u00f3rdenes de retenci\u00f3n del ICE. El Tribunal de Apelaci\u00f3n del Tercer Circuito de EE.UU. sostuvo que las \u00f3rdenes de retenci\u00f3n del ICE no son jur\u00eddicamente obligatorias y que los municipios o condados locales pueden optar por cumplir o no con las solicitudes de retenci\u00f3n del ICE. Esto significa que si los condados deciden cumplir una orden de retenci\u00f3n del ICE, pueden ser considerados legalmente responsables en caso de violaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n. Este fue el caso del Sr. Galarza, en el que no hab\u00eda ninguna base constitucionalmente v\u00e1lida para la orden de retenci\u00f3n. \n\nEs por eso que la ACLU de Pensilvania envi\u00f3 recientemente una carta<\/a> a cada comisionado del condado y el procurador del condado en todo el estado, record\u00e1ndoles que el precedente establecido por el caso Galarza sigue siendo la ley con respecto a las detenciones de ICE.\n\nPara limitar la responsabilidad de los condados, la carta de la ACLU-PA insta a los funcionarios de los condados a aplicar una pol\u00edtica de aceptaci\u00f3n de las \u00f3rdenes de retenci\u00f3n de ICE \u00fanicamente si van acompa\u00f1adas de una orden judicial v\u00e1lida respaldada por una causa probable, como exige la Cuarta Enmienda. Las \u00f3rdenes de retenci\u00f3n de ICE no son revisadas por jueces o autoridades neutrales. Debido a la falta de protecciones b\u00e1sicas de la Cuarta Enmienda en el contexto de las \u00f3rdenes de retenci\u00f3n de ICE, las localidades que optan por aceptar las \u00f3rdenes de retenci\u00f3n de ICE se exponen a la responsabilidad si cumplen con las \u00f3rdenes de retenci\u00f3n de ICE. \n\nComo se\u00f1ala la carta de la ACLU-PA, ICE emite con frecuencia \u00f3rdenes de detenci\u00f3n basadas en informaci\u00f3n err\u00f3nea procedente de bases de datos poco fiables. Un precedente antiguo del Tribunal Supremo de EE.UU. exige que las bases de datos utilizadas por las fuerzas del orden sean fiables para cumplir la prohibici\u00f3n de registro e incautaci\u00f3n injustificados establecida en la Cuarta Enmienda. Sin embargo, un tribunal federal ha descrito las bases de datos de ICE como \"inexactas, incompletas y llenas de errores\". Por lo tanto, los condados que deciden aceptar las \u00f3rdenes de retenci\u00f3n corren un importante riesgo de responsabilidad. \n\nM\u00e1s all\u00e1 del riesgo de responsabilidad en funci\u00f3n de la legislaci\u00f3n federal, como se\u00f1ala la carta, es muy probable que las \u00f3rdenes de retenci\u00f3n de inmigrantes sean ilegales en el marco de la legislaci\u00f3n del estado de Pensilvania. Aunque hasta la fecha ning\u00fan tribunal de Pensilvania se ha pronunciado sobre la legalidad de las \u00f3rdenes de retenci\u00f3n del ICE, el Tribunal Supremo de Massachusetts sostuvo que cuando la polic\u00eda estatal o local cumple una orden de retenci\u00f3n del ICE, est\u00e1 realizando un nuevo arresto de la persona detenida. Sin embargo, dado que las infracciones en materia de inmigraci\u00f3n son civiles y no penales, la polic\u00eda y las c\u00e1rceles no tienen autoridad ni mecanismos para justificar la detenci\u00f3n \u00fanicamente por infracciones en materia de inmigraci\u00f3n. Los tribunales de otros estados han llegado a conclusiones similares.\n\nLa conclusi\u00f3n es que la aplicaci\u00f3n de las leyes de inmigraci\u00f3n es tarea del gobierno federal y las localidades no tienen por qu\u00e9 implicarse. Cuando las localidades deciden hacerlo -respetando las \u00f3rdenes de retenci\u00f3n de ICE o destinando recursos a la aplicaci\u00f3n de la ley federal de inmigraci\u00f3n- no s\u00f3lo se exponen a la posibilidad de gastar cientos de miles (o m\u00e1s) de d\u00f3lares de los contribuyentes debido a impugnaciones legales, sino que tambi\u00e9n hacen que las comunidades sean menos seguras y est\u00e9n m\u00e1s divididas. \n\nPor ello, los funcionarios del condado deben adoptar pol\u00edticas claras que exijan mandatos judiciales. Estas pol\u00edticas, que a menudo forman parte de una \"Pol\u00edtica de Acogida\" m\u00e1s amplia, son fundamentales. Para garantizar que las pol\u00edticas sean lo m\u00e1s adecuadas posible, los funcionarios del condado deben trabajar con las organizaciones locales que sirven a las comunidades de inmigrantes para elaborar pol\u00edticas que tengan sentido para sus comunidades. Cuando las localidades tienen pol\u00edticas claras que limitan la participaci\u00f3n en la aplicaci\u00f3n de las leyes federales de inmigraci\u00f3n y, en su lugar, centran sus limitados recursos en responsabilidades que les competen directamente, no s\u00f3lo crean una comunidad m\u00e1s acogedora e integradora para todos sus residentes, sino que garantizan mejor el respeto de los derechos constitucionales de las personas."}}],"issues":[6263],"related_content":[],"documents":null},"yoast_head":"\n