El Departamento de Seguridad Nacional retiró tres citaciones judiciales contra personas que viven en Estados Unidos y que habían criticado al gobierno en internet.Esto no es un hecho aislado. Es una práctica repetida: envían citaciones, pero las retiran en cuanto enfrentan un reto legal o la opinión pública empieza a mirar de cerca.
Estas citaciones exigen que las grandes empresas de tecnología, como Google y Meta, entreguen datos privados sobre los usuarios de cuentas que lo único que hicieron fue ejercer sus derechos de la Primera Enmienda en internet. El mensaje que envía el DHS es simple: si hablas, te aterrorizaremos para que te lo pienses dos veces antes de volver a hacerlo.
Es intimidación disfrazada de legalidad y estas citaciones son, sin duda, ilegales. El DHS está apostando a que las personas no sepan cómo defenderse.
La libertad de criticar sin miedo a castigos es una base fundamental de nuestra democracia. Cuando podemos debatir de manera abierta y dinámica, las personas se informan mejor y pueden tomar decisiones conscientes al votar. Además, este intercambio de ideas obliga a los funcionarios electos a cumplir su promesa de servir al pueblo y respetar la Constitución.
Cuando un gobierno intenta frenar la disidencia, la democracia corre peligro. Lo que estamos viendo hoy nos acerca peligrosamente a un modelo autoritario.
A diferencia de las confrontaciones de alto perfil entre el presidente y las instituciones o figuras públicas prominentes, el plan del DHS es más discreto, pero no menos preocupante. La agencia federal busca silenciar las voces de personas que se atreven a protestar, presentar peticiones o expresar sus quejas sobre las acciones del gobierno.
Pero si algo nos han enseñado nuestros enfrentamientos con el DHS es que no estamos desprotegidos ante las tácticas de esta administración.
La ACLU de Pensilvania decidió representar dos de los casos más recientes de citaciones judiciales y los ganó de manera contundente.
El primer caso involucra a una cuenta de Instagram llamada MontCo Community Watch, que difundió información sobre posibles redadas del ICE en el condado de Montgomery. Apenas unos meses después de su creación, en junio de 2025, el DHS envió una citación a Meta exigiendo datos personales como el nombre, la dirección IP, el correo electrónico y el número de teléfono de la persona detrás de la cuenta anónima.
En lugar de negarse a cumplir con una citación claramente ilegal, Meta envió un correo electrónico a nuestro cliente informándole que el gobierno estaba intentando acceder a sus datos personales y que tenía 10 días para presentar una demanda federal; de lo contrario, Meta entregaría su información al DHS. Desde el principio, quedó claro que la agencia no tenía base legal para solicitar esos datos. Aun así, la ACLU de Pensilvania y nuestros abogados colaboradores de la ACLU del Norte de California y del bufete Kairys, Rudovsky, Messing, Feinberg y Lin tuvieron que iniciar acciones legales y presentar una moción ante un juez federal en California antes de que el DHS finalmente cediera y retirara la citación, comprometiéndose además a no emitir nuevas citaciones dirigidas a MontCo Community Watch.
El segundo caso involucra a un jubilado de Filadelfia que envió un correo electrónico a un funcionario del DHS sobre la posible deportación de una persona originaria de Afganistán. El mensaje no contenía ninguna amenaza y, por el contrario, instaba al funcionario a actuar con “sentido común y decencia” al evaluar el caso.
En cuestión de horas, nuestro cliente recibió una notificación de Google informándole que el DHS había emitido una orden judicial para acceder a datos personales confidenciales vinculados a su cuenta y que tenía una semana para impugnarla. En otras palabras, al igual que Meta, Google dejó en manos de nuestro cliente, quien no es abogado, la responsabilidad de impugnar por su cuenta, ante un tribunal federal, una orden judicial que ni siquiera había tenido la oportunidad de revisar.
Solo unos días después, agentes del DHS se presentaron en la casa de nuestro cliente con una copia de su correo electrónico y le exigieron una explicación. Nuestro cliente explicó que había obtenido la dirección de correo electrónico del funcionario del DHS a través de información disponible públicamente en internet. Finalmente, los agentes reconocieron que nuestro cliente no había cometido ningún delito y se marcharon. Sin embargo, el DHS no retiró la citación judicial.
Una vez más, la ACLU de Pensilvania y la ACLU del Norte de California impugnaron la citación del DHS en un tribunal federal, esta vez junto con abogados del Proyecto Nacional de Libertad de Expresión, Privacidad y Tecnología de la ACLU. Y, de nuevo, el DHS cedió ante la presión impuesta. La agencia respondió a nuestra demanda judicial retirando su citación ilegal y dando por terminada su falsa “investigación” contra nuestro cliente.
Por supuesto, nuestros dos clientes no serán los últimos críticos de la administración Trump a quienes el gobierno federal intentará silenciar utilizando los tribunales como un arma.
Por eso, esto es lo que usted puede hacer si se convierte en blanco de una citación del DHS (u otra agencia federal) como resultado de algo que haya dicho o escrito en internet en crítica al gobierno federal.
En primer lugar, si una empresa de redes sociales, un proveedor de servicios de internet o un navegador web le notifica que el gobierno federal ha emitido una orden judicial para obtener sus datos personales, debe solicitar de inmediato una copia de dicha orden. Es probable que esta notificación llegue en forma de mensaje al correo electrónico vinculado a sus cuentas, por lo que es fundamental revisar regularmente esa bandeja de entrada, así como la carpeta de correo no deseado, y seguir las instrucciones proporcionadas para comunicarse con el proveedor de servicios.
En segundo lugar, debe comunicarse con la filial de la ACLU en su estado o con un abogado, preferiblemente uno con experiencia en leyes de libertad de expresión, para solicitar asesoría legal.
Que quede claro: silenciar voces críticas o debilitar la Primera Enmienda, venga de quien venga, no es aceptable en una democracia. La ACLU de Pensilvania utilizará todas las herramientas y recursos a su alcance para defender su derecho a criticar al gobierno.
La ACLU fue creada para esto.
